El Instituto de Investigaciones en Ciencias del Comportamiento (IICC) de la Unidad Académica Regional La Paz de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” y la fundación Jidesa llevaron a cabo el taller “Trata, tráfico y migración: un análisis contemporáneo desde diferentes perspectivas”, a través del cual se profundizó sobre los distintos medios que delincuentes utilizan para captar víctimas en Bolivia.

La coordinadora del IICC, Dra. Marcela Losantos, indicó que la trata de personas desde un enfoque de derechos humanos exige tomar en cuenta varias cuestiones relevantes, puesto que se vulneran derechos como la libertad, la dignidad y la integridad física, psicológica y mental de niñas, niños y adolescentes. Aclara también que en Bolivia, este es un delito que se ha ido visibilizando recién durante los últimos años.

Según datos ofrecidos por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), para 2012, a nivel nacional se registraron 336 casos de delitos de trata y tráfico de personas, mientras que para 2017 la cifra ascendió a 701 casos.

A partir de ello, expositores invitados de organismos nacionales e internacionales (Organización Internacional para las Migraciones, Visión Mundial, Pastoral Movilidad Humana, entre otros), expusieron datos en relación a trata y tráfico de personas, tráfico ilícito de migrantes y violencia sexual, caracterizando cada uno de éstos y exponiendo cifras que dan cuenta de estos delitos.

Según la Dra. Daniela Clavijo de la Organización Internacional para las Migraciones, la trata y tráfico de personas es considerada como el tercer delito más lucrativo a nivel mundial.

La trata y tráfico de personas, según la Dra. Clavijo, es la captación, transporte, traslado y acogida o recepción de personas a través de distintos medios: amenaza, cohesión, uso de fuerza, rapto, fraude, engaño y abuso de poder para fines de explotación laboral y/o sexual. A diferencia del tráfico ilícito de migrantes,  éste implica el cruce de fronteras, ya sea internacional o nacional.

Por su parte, la Dra. María Elena Lora, docente de la carrera de Psicología de la U.C.B., arguyó que el modo de reclutamiento de víctimas se da a través de agencias de empleos, proxenetismo directo y grupos de pares (enamorados y/o amigos). Expuso además que la población que permanece  reclutada lo hace por chantaje y amenaza, así como por necesidades económicas, temor al rechazo familiar  y consumo de drogas, en consecuencia los jóvenes y niños viven un rechazo, estigmatización y exclusión social, lo que hace que ellos se sientan objetos sin valor.

Los datos expuestos por la Organización Internacional para las Migraciones, muestran que en 2012 se tenía 2. 661 mil tránsitos entre entradas y salidas y en 2017, 3.862.587, lo que indica que un millón de personas más han transitado por fronteras aéreas y terrestres.

El Dr. Horacio Calle, de la  Organización Internacional para las Migraciones, arguyó que una persona informada es una víctima menos, por ello es importante informar de manera adecuada. “Nosotros no sólo hacemos control de migración sino también realizamos operativos de control en áreas públicas, a nivel nacional tenemos 328 operativos, por esta vía hemos rescatado a víctimas de trata y tráfico en zonas urbanas y rurales”, informó.

Bajo esta línea, la Dra. Elizabeth Sabala, de la Fundación Munasim Kullakita comentó que desde su institución se trabaja con víctimas de trata y tráfico y delitos conexos. “Nosotros tenemos un hogar especializado para víctimas de trata a menores de edad y delitos conexos, como ser proxenetismo y violencia sexual comercial, de esta manera hacemos una reintegración de la víctima a la sociedad”.

Desde Munasim Kullakita se hace la detección  por medio de indicadores para saber si la persona  es víctima de trata de personas, de proxenetismo o de violencia sexual comercial, pues en base a cada una de estas características la atención que se  da es diferente.

La actividad permitió conocer distintas perspectivas sobre los delitos mencionados además de realizar una reflexión sobre las acciones ejecutadas para prevenir distintas situaciones de riesgo, teniendo en cuenta la declaración universal de los derechos humanos promulgada en 1948, en la que se citan los derechos fundamentales de las personas, que tienen que ser de protección y aplicación en todo el mundo.

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