Autor: Dra. Marcela Losantos
INTRODUCCIÓN
El 22 de noviembre del año 2013, la policía de la ciudad de La Paz, intervino un grupo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de calle1, aludiendo que “uno de los vecinos del barrio habían presentado una denuncia de robo contra los miembros del grupo” (Riveros, 2014).
Los policías ingresaron de manera inesperada en el torrante (como se denomina el lugar en la calle donde eligen establecerse los niños en situación de calle) confiscándoles varias de sus pertenencias, entre las que se encontraba un reproductor de DVD y una televisión, objetos de mayor valor que poseía el grupo. Inmediatamente después llegaron
reporteros de un canal de televisión, quienes transmitieron el incidente, colocando en los titulares de la noche que las fuerzas del orden habían intervenido una “guarida de delincuentes”.
El noticiero recurre a la pantalla dividida: el cuadro de la izquierda muestra celulares y cargadores mientras un oficial testimonia que encontraron “objetos robados”, lo cual se repite en el encabezado de la noticia. Luego, otro oficial relata con sorpresa que encontraron una televisión, un reproductor de DVD, una cocina y ropa de cama, mientras el titular sentencia “guarida de delincuentes”. Posteriormente, la imagen muestra unos paquetes de medicamentos y unos envoltorios de preservativos, mientras el titular denuncia describe: “consumían estupefacientes”. Finalmente, se muestra a algunos jóvenes del grupo hablando cortamente sobre sus historias personales -los motivos por los que viven en la calle- , mezclando estos testimonios con imágenes de un cúmulo de botellas vacías en el suelo que habían sido recolectadas para un proyecto de reciclaje organizado por una
institución que trabaja con ellos.
Después de la intervención al torrante, cuatro jóvenes fueron llevados al Distrito Policial en un automóvil de la policía en el que fueron golpeados antes de llegar a destino. Permanecieron durante toda la tarde encerrados en una celda, mientras educadores de calle que trabajan con el grupo, pedían a los miembros del cuerpo policial que mostraran la denuncia que motivó dicha intervención. Al finalizar la noche, el documento de la denuncia no apareció, lo cual indicaba que el operativo había sido realizado sin denuncia real, por lo que decidieron liberar a los jóvenes, con la condición de abandonar el lugar que había sido su hogar durante 8 años.
Los jóvenes accedieron a irse pero solicitaron una semana para encontrar un nuevo lugar para acomodarse. Sin embargo, cuatro días después, el 26 de noviembre, un grupo de policías en compañía de miembros de la guardia de la municipalidad, irrumpieron en el lugar y empezaron a desalojarlo bruscamente. La municipalidad prestó un camión al que se echaron todas las frazadas, ollas, ropa y pertenencias personales que el grupo guardaba, dejándolos, ahora sí totalmente, en la calle. Los niños y jóvenes del grupo se encaramaron al camión, intentando recuperar algunas de sus cosas, pero la pelea fue desigual y acabaron por llevarse casi todo.
En los días siguientes, educadores de calle junto a algunas de las familias fueron movilizándose para acomodarlos, de manera que algunos volvieron temporalmente con miembros de su familia, otros se fueron a dormir a alojamientos y los demás se reubicaron en un lugar más escondido de la ciudad. Las llamadas “limpiezas sociales”, como la relatada en la primera parte de este capítulo, son muy frecuentes hoy en día. Dichas acciones se sustentan en las dos miradas
hacia el niño en situación de calle, a saber: desde la mirada asistencialista, estas limpiezas
se justifican como un medio para institucionalizarlos y desde la mirada de criminalización, es una forma de reprimirlos y demostrar el poder político sobre estos niños, de forma pública (Pérez, 2012).
